Israel está preparando el mayor acto de “limpieza arqueológica” en el West Bank
Traducido y modificado del artículo original en la revista +972
Autor: Alon Arad de la organización Emek Shaveh. 11 diciembre 2025
El 19 de noviembre, la Administración Civil Israelí (organismo que ejerce gobierno sobre West Bank/Cisjordania) anunció planes para expropiar 550 parcelas privadas de Sebastia —aproximadamente 1.800 dunams (180 hectáreas) de tierra que han sido centrales para el sustento, el patrimonio cultural y la identidad del pueblo durante siglos. Según los residentes, el proyecto devastará la agricultura local, incluyendo la destrucción de alrededor de 3.000 olivos, algunos de los cuales tienen cientos de años de antigüedad.
Sebastia es, sin lugar a dudas, un yacimiento arqueológico estratificado de valor extraordinario. Antigua ciudad de Samaria en la Edad del Hierro y capital del Reino de Israel, conserva restos del palacio del rey Acab, excavados en la década de 1930. En el siglo I a. C., Herodes, rey del Reino de Judea, reconstruyó la ciudad, dejando tras de sí un templo en honor a su amigo, el emperador romano Augusto, erigido cerca de las ruinas más antiguas. En la zona también se han descubierto un teatro romano notablemente bien conservado, una iglesia bizantina y otras antigüedades.
Pero la importancia arqueológica de Sebastia no hace sino agudizar la contradicción política en juego: si bien el sitio merece un estudio cuidadoso, la brecha entre los compromisos éticos que declaran los arqueólogos israelíes y la violencia estatal ejercida en nombre de la arqueología para justificar pasos hacia la anexión de Cisjordania nunca ha sido tan evidente.
(Hillel Maeir / Flash90)
La toma de control israelí de Sebastia comenzó en mayo de 2023, cuando el gobierno asignó 32 millones de shekels para la “restauración y desarrollo” del sitio. La campaña se intensificó en julio de 2024, cuando el ejército se apoderó de la cumbre de Tel Sebastia —el punto más alto del pueblo y lugar donde se concentran los restos arqueológicos más significativos— invocando vagas “razones de seguridad”. Poco después, el gobierno dio señales de que planeaba apropiarse de aún más territorio del pueblo.
Los residentes palestinos —junto con Emek Shaveh, la organización que dirige el autor— presentaron una objeción formal ante la Administración Civil, argumentando que el derecho internacional prohíbe el uso de bienes culturales con fines militares. La impugnación fue finalmente rechazada.
El ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, celebró la expropiación en redes sociales. “Ya no entregaremos nuestra herencia a asesinos”, escribió el mes pasado en X. Eliyahu, destacado defensor de la anexión de Cisjordania y del reasentamiento judío en Gaza, añadió: “Esta es nuestra patria histórica; nunca abandonaremos este lugar”.
Aunque el área actualmente destinada a excavaciones se encuentra técnicamente dentro del Área C (bajo control israelí pleno) y la mayor parte del tejido urbano de Sebastia está en el Área B (bajo administración civil palestina y control de seguridad israelí), en la práctica ambas zonas conforman un único paisaje continuo. Las antigüedades del propio pueblo son histórica y culturalmente inseparables de las situadas en el Área C.
El nuevo plan de expropiación amenaza con romper por completo esa conexión. Contempla desviar a los visitantes israelíes por una carretera que los colonos pretenden construir, evitando por completo el paso por el pueblo palestino, e incluye la construcción de un centro de visitantes, el cercado de la zona arqueológica y el cobro de entradas. De llevarse a cabo, estas medidas aislarían de facto a los habitantes de Sebastia de su tierra y de su patrimonio.
La arqueología al servicio de la anexión
El uso que Israel hace de la arqueología para facilitar la apropiación de tierras palestinas —una práctica que puede describirse con propiedad como “limpieza arqueológica”— precede con creces el caso de Sebastia. Durante décadas, el Estado ha aplicado esta estrategia tanto dentro de las fronteras de 1948 como en toda Cisjordania: en el parque de la Ciudad de David, en Jerusalén Este; en el pueblo de Susya, en las colinas del sur de Hebrón; en el parque nacional Nabi Samwil; en Shiloh y en numerosos otros sitios.
Amplios sectores de la comunidad arqueológica israelí han abandonado principios profesionales fundamentales y estándares éticos concebidos para respetar el derecho internacional y proteger el patrimonio cultural. Muchos han colaborado abiertamente con líderes del movimiento colonizador y con autoridades israelíes, proporcionando tanto cobertura ideológica como infraestructura material para la expansión de los asentamientos. Tan recientemente como el año pasado, varios arqueólogos locales asistieron a una conferencia en Jerusalén organizada por el ministro Eliyahu, y algunos incluso aceptaron alojamiento financiado con fondos gubernamentales.
La comunidad arqueológica israelí se ha negado de manera persistente a emprender cualquier examen interno significativo sobre las implicancias éticas de su trabajo. Durante años, sus académicos han eludido debates fundamentales sobre dónde pueden realizarse excavaciones de forma legítima y bajo qué condiciones, pese a advertencias reiteradas, informes de política pública y resoluciones de organismos internacionales —entre ellos la UNESCO, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU y la Corte Internacional de Justicia— que han instado a Israel a detener la actividad arqueológica en territorios ocupados.
En este contexto, la arqueología en Jerusalén Este y en Cisjordania ha perdido desde hace tiempo su valor científico objetivo. El compromiso de la disciplina con el estudio del pasado para profundizar la comprensión humana ha sido subordinado a un proyecto político de supremacía judía, en el cual la arqueología es instrumentalizada como herramienta de control territorial. Lejos de defender la integridad de su campo, muchos arqueólogos israelíes se han convertido, de facto, en una extensión del aparato político del Estado.
En la antesala de la reciente conferencia de ASOR, algunos participantes internacionales propusieron restringir la participación de los arqueólogos israelíes a la luz de estas prácticas. Debates similares han surgido en Europa, incluso dentro de la Asociación Europea de Arqueólogos (EAA), donde algunos miembros plantearon permitir la participación de académicos israelíes solo si renunciaban a sus afiliaciones institucionales.
En lugar de involucrarse en estas críticas de fondo, aquellos arqueólogos israelíes afiliados a la Administración Civil recurrieron automáticamente a invocar el antisemitismo y a presentarse como víctimas perpetuas. Esta actitud bloquea cualquier discusión sustantiva sobre los problemas éticos centrales: la legitimidad de excavar en territorios ocupados contra la voluntad de las comunidades locales y en violación del derecho internacional, la colaboración con organizaciones colonizadoras, y las condiciones bajo las cuales aún sería posible una investigación ética en Israel.
La disonancia entre arqueólogos israelíes que presentan su trabajo en Boston mientras participan simultáneamente en la apropiación de Sebastia ilustra por qué colegas internacionales se muestran cada vez menos dispuestos a colaborar con ellos. Al desestimar las normas internacionales y alinearse con quienes instrumentalizan la arqueología para el desplazamiento y el despojo, socavan su propia credibilidad científica.
Cisjordania alberga más de 6.000 sitios arqueológicos conocidos. En cualquier otro contexto, una riqueza semejante sería considerada un tesoro cultural. Para los palestinos, en cambio, se ha convertido en una maldición: cada sitio —la mayoría de los cuales no guarda relación alguna con la historia judía en la región— es tratado como una herramienta potencial para afirmar la dominación territorial. Yacimientos que contienen siglos de historia palestina son destruidos mediante el abandono sistemático o la apropiación, y luego reconvertidos en un proyecto ideológico que amenaza la existencia futura del pueblo palestino.
La arqueología se ha convertido en otro mecanismo más de opresión, junto con la violencia de los colonos y del ejército, las restricciones a la libertad de movimiento y el despojo cotidiano. Y mientras las comunidades palestinas resisten con los escasos medios a su alcance, los arqueólogos israelíes continúan legitimando y promoviendo estas dinámicas.
Si los arqueólogos israelíes desean preservar su legitimidad académica —y, más importante aún, dejar de participar en un proyecto éticamente inaceptable de dominación colonial— deben atender las advertencias de sus colegas internacionales y rechazar la explotación cínica que el Estado hace de su profesión.
